Sinde o Wert, la ley antidescargas ya está en vigor.

SINDE Y WERT

Aunque no la haya aprobado ella, la ley antipiratería siempre llevará el nombre de Ángeles González-Sinde, ya que fue ella quien, siendo ministra de cultura, se decidió a poner en marcha el engranaje de esta ley por entonces inaudita. Ya supimos que los socialistas se marcharon, después de años de idas y venidas al respecto, sin aprobar la misma en su último consejo de ministros. Pero, pronto, el nuevo ejecutivo popular la retomó, aceptó la herencia, y se decidió a ponerla en marcha, con el ahora ministro de educación, cultura y deporte, José Ignacio Wert, a la cabeza. Por eso hay muchos que no dudan en llamarla “ley Sinde-Wert“. Sea como sea, el caso es que la ley que propuso en su día la ministra socialista, levemente modificada por los populares, entró en vigor ayer, 1 de marzo de 2012, y desde ahora mismo todos tenemos más interés que nunca en saber cómo van a funcionar las cosas a partir de ahora, así que vamos a intentar resumir cómo ha quedado el asunto.

 

LAS DENUNCIAS.

Las denuncias a las webs que difundan de forma ilegal contenido sometido a derechos de autor deberán ser realizadas por los titulares (propietarios) de los mismos o sus representantes legales, aportando con la denuncia el justificante de su titularidad y las pruebas que demuestren que la web está haciendo un uso ilícito de ese material.

 

LA COMISIÓN INTELECTUAL.

Una de las principales medidas introducidas por los populares fue la figura de una Comisión Intelectual que se encargaría de evaluar las denuncias presentadas por los autores. Una vez llegue a manos de la comisión, todo conflicto pasará por uno de los dos filtros que se han establecido dentro de la Comisión Intelectual en sí misma.

Para los casos de conflicto, que no denuncia por explotación ilegal, entre el propietario de los derechos de autor y las empresas de gestión, habrá una Sección Primera de la Comisión Intelectual, encargada de mediar en dichos conflictos, intentando llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes en un tiempo inferior a seis meses. Esta Sección Primera estará compuesta por tres miembros que nombrará el ministro de educación, cultura y deporte, José Ignacio Wert.

Por otro lado, encontramos la Sección Segunda de la Comisión, más polémica y con atribuciones cuasi judiciales en tanto que será la encargada de dictaminar el cierre de ciertas webs ante las denuncias de los propietarios de los derechos de autor. Esta Sección será, pues, la que valorará la conveniencia del cierre inmediato, previa solicitud de orden judicial, de las páginas webs denunciadas, sin opción a negociación o acuerdo entre las partes. Estará presidida por José María Lassalle y cuatro vocales de cuatro ministerios distintos: el de Educación, Cultura y Ciencia, el de Industria, Energía y Turismo, el de la Presidencia, y el de Economía y Competitividad.

 

DESPUÉS DE LA DENUNCIA.

Una vez notificada la denuncia a la Comisión, ésta dará cuenta a los responsables de la web denunciada de forma electrónica y mediante publicación en el BOE, otorgando un plazo de 48 horas para que se lleve a cabo la retirada de los contenidos y, en consecuencia, se finalice el proceso. Cuando esto no suceda de esta forma, la responsabilidad caerá en manos de las empresas proveedoras de servicios de internet (hosting y similares), quienes tendrán un nuevo plazo, esta vez de 72 horas, para eliminar los contenidos en cuestión e identificar al responsable de la web intervenida.

En los dos casos, será el juez quien, a instancia de la Comisión, tendrá que dar luz verde a la notificación a la parte correspondiente, pudiendo también denegar la petición de la Comisión ante una determinada denuncia.

 

EN LA PRÁCTICA.

Después de un primer día con la ley en vigor, parece que tanto autores como webs, y por supuesto usuarios, no están muy contentos con las medidas aprobadas, y los movimientos de protesta ya han empezado. Paradójicamente, la primera acción, promovida por el colectivo Hacktivistas ha sido una auto denuncia masiva por parte de más de 200 webs que difunden contenidos sometidos a derechos de autor. Pero no lo han hecho solos. Para ello han contado con el apoyo del músico Eme Navarro, quien ha compuesto un tema sujeto a derechos de autor (habitualmente renuncia a los mismos), para que las webs pudieran enlazar a su descarga y, por tanto, hacer posible que éste las denunciara (lo que es lo mismo que denunciarse a sí mismas). Para ello, se ha creado, incluso, una web con nombre Wert De Enlaces, donde se facilita el enlace a la descarga del tema en cuestión. Con esto, se pretende poner a prueba a la nueva ley, midiendo hasta dónde es capaz de llegar y esperando demostrar su, según ellos, ineficacia pragmática. Así mismo, este mismo colectivo planea nuevas acciones en un futuro muy cercano, y conviene no olvidar que, por si no ha habido bastante polémica hasta la fecha, también el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso contra la ley hace escasas semanas, del que todavía están por verse los resultados.

Eficaz o ineficaz, lo que parece claro es que esta ley seguirá siendo noticia durante los próximos meses y mantendrá a unos y a otros atentos y en vilo.

 

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